Las costas de Salina Cruz, en Oaxaca, y Progreso, en Yucatán, fueron declaradas Zonas Económicas Especiales, y polos de atracción de inversiones extranjeras. El Presidente Enrique Peña Nieto prometió generar miles de empleos bien remunerados a estas regiones sureñas rezagadas históricamente.
No obstante, experiencias pasadas no apuntan hacia el desarrollo local sino al despojo de tierras para imponer proyectos energéticos, alertó la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.
Ezer May May, habitante del pueblo mágico Izamal, en Mérida, recordó que en la década de los 80 arribaron maquiladoras luego de que el Gobierno estatal ofreció terrenos y mano de obra barata por lo que los ejidatarios malbarataron sus terrenos en la zona costera, que son de gran plusvalía para las exportadoras. Teme que la historia se repita y, además, que el puerto de Progreso sea un nuevo Cancún, donde primero explotó el dinero y luego la violencia.
Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto declaró a los puertos Salina Cruz, Oaxaca, y Progreso, Yucatán, como Zonas Económicas Especiales (ZEE). Mediante facilidades fiscales y regulatorias para las empresas se espera una inversión en siete zonas por 700 mil millones de pesos en los próximos 10 o 15 años, pero las comunidades indígenas aseguran que esto legitima el despojo de sus tierras sin que implique un desarrollo para ellos porque los empleos generados son para foráneos capacitados.
En Salina Cruz y regiones aledañas se han instalados más de 20 parques eólicos sin consultar de manera previa e informada a sus habitantes. En Progreso, zona urbana de la costa yucateca, en septiembre llegaron los primeros aerogeneradores al puerto para que la compañía Vive Energía establezca el parque eólico Dzilan Bravo a pesar de que, dijo el maya Pedro Regalado, llevan tiempo luchando contra «esta avalancha» de proyectos eólicos y fotovoltáicos que entran «con engaños y apoyo del Gobierno estatal» para devastar grandes hectáreas de terreno.
La Articulación de Energía Renovable de Yucatán tiene el registro de que en los últimos cuatro años esa península ha atraído 16 proyectos tanto eólicos como solares, en su mayoría de capital extranjero.
«Esto va a traer desarrollo, generación de empleos, oportunidades», dijo Peña Nieto el lunes pasado en Oaxaca. «Las empresas que aquí habrán de instalarse, aprovechando esos incentivos que genera el ser Zonas Económicas Especiales, van a crear empleos calificados».
El 28 de septiembre de este año, Coatzacoalcos (Veracruz), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Puerto Chiapas (Chiapas) también fueron declaradas ZEE. El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, calcula que en las siete se generen inversiones en un principio por 6 mil 800 millones de dólares que representarían la creación de casi 20 mil empleos. En 10 años serían 115 mil empleos formales.
El objetivo de establecer las zonas en regiones «rezagadas», de acuerdo con el Gobierno federal, es crear un entorno que propicie la productividad en diez estados a través de la construcción de infraestructura de comunicaciones, transporte y tecnología.
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En marzo pasado, SinEmbargo documentó que para diseñar las ZEE, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) contrató en 2016 a un grupo de consultoras privadas vinculadas con empresas beneficiadas por la Reforma Energética.
Una es Evercore, fundada como Protego por el ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe, e inversionista de Diavaz Offshore, empresa que en 2015 ganó un contrato para explotar un campo petrolero en Tamaulipas y otro en Chiapas. La otra consultora es ADhoc, de Aarón Dychter Poltolarek, ex subsecretario de Transportes en los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León y de Vicente Fox Quesada, y también integrante del Consejo de Administración de IEnova, que actualmente opera más de 500 kilómetros de gasoductos en el país.
EL DESPOJO LEGITIMADO
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) ha advertido que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales legitima el arrebato de su viento, mar y tierra comunal al establecer que sea el Gobierno y empresas quienes establezcan el costo de sus tierras; el artículo 9 y 10 los obliga a subsidiar a empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales; y elimina su capacidad de decisión democrática mediante una consulta.
En el Istmo de Tehuantepec, por sus fuertes vientos, se han establecido más de 20 parques eólicos en más de 70 mil hectáreas, pero la mayoría no han consultado a las comunidades, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nashielli Valencia Nuñez, miembro de APOYO y habitante de Ixtepec, afirmó que ellos viven de la pesca y agricultura por lo que no quieren ni necesitan «sus dádivas [por la renta de tierras]».
Pero, perder la tierra «es perder nuestra forma de vida», lamentó.
«Encima, agentes privados de las empresas determinarán el precio a las tierras, y los municipios serán quienes las subsidien con su infraestructura”, acusó.
El campesino Jesús Orozco, de Juchitán, contó que tuvo que rentar otro pedazo de tierra para que sobrevivieran sus animales de ganado ante la presencia de los aerogeneradores.
Los empresarios mandan a exterminar a los que levantan la voz”, denunció.
En Unión Hidalgo, la firma Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) instaló el Proyecto Eólico Piedra Larga, que provee de energía a Grupo Bimbo. La empresa, subsidiaria de la española Renovalia Energy, incumplió con los acuerdos establecidos con la comunidad zapoteca por lo que demandaron ante el Tribunal Agrario la nulidad del contrato. Pero sigue operando.
En el mismo municipio oaxaqueño, las empresas Eléctrica del Valle de México, Gamesa y Eólica Unión buscan instalar tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía, sin antes haber consultado a los propietarios.
PROGRESO, EL SEGUNDO CANCÚN
En solo cuatro años la península de Yucatán se ha vuelto un polo de atracción para grandes proyectos energéticos.
Ezer May May, del pueblo mágico Izamal, documentó que en Yucatán están en proceso 16 proyectos, entre eólicos y solares, de más de 20 empresas. Basado en la experiencia de la década de los 80 cuando se establecieron maquiladoras de capital extranjero, advirtió que la ZEE declarada en Progreso obligará a los campesinos a malbaratar sus tierras y los empleos serán para gente foránea.
«Lo que sucedió con las maquiladoras temo que pase con esa Zona Económica Especial que acaba de declararse en Progreso. Con las maquilas el gobierno del estado pedía inversión al ofrecer terrenos baratos y obra de mano barata para que tuvieran más ganancias. A eso van, al aprovechamiento de las condiciones desfavorables para que las empresas le saquen más provecho a lo que inviertan a costa de que los ejidatarios o campesinos entren en negociación para abaratar sus terrenos en la zona costera, que son de gran plusvalía para las exportadoras», afirmó.
Aunque la inversión generará empleos, dijo, no soluciona los problemas de ingreso de los locatarios y no permitirá un desarrollo local. «Al no haber gente calificada, los que ocupan los buenos puestos de estas empresas llegan a ser de fuera», explicó.
May May expuso que el puerto de Progreso ha sido de entrada y salida de comercio internacional, por lo que se ha urbanizado aunque tiene un sector abandonado dedicado a la pesca y agricultura. A sus alrededores hay muchas comunidades mayas con rezago y sus habitantes migran todos los días hacia allá en búsqueda de trabajo. Con la declaración de ZEE prevé que Progreso, donde se impulsará el turismo y el sector servicios, será un nuevo Cancún donde el boom económico pase a uno de violencia.
«Ha habido intentos de resistencia a los parques eólicos, pero ha sido poco efectivo», concluyó.
Pedro Regalado, integrante de la Articulación Social de Energía Renovable de Mérida, aseguró en entrevista que esta decisión se tomó sin el conocimiento ni consentimiento de la comunidad maya, la cual durante el anuncio estaba en efervescencia política tras el destape del candidato priista a la gubernatura, Mauricio Sahuí, ligado a Ivonne Ortega.
«El tema de las ZEE es una de las ofensas más que tenemos que soportar», dijo.
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